Foto: I.N. La Diagonal en invierno, 2008
El viernes por la mañana, Albert Marjanedas me estuvo enseñando la historia documentada del Parc de la Ciutadella, ahora amenazado por el proyecto municipal. La historia de ese parque, que tras destruirse su siniestra función militar, fue maravilloso jardín romántico y el mayor espacio verde de la ciudad, es, desde Porcioles hasta hoy, una historia de dejadez y desidia, mala conservación, arbitrariedad y erosión. Ahora sólo se avecina el paso definitivo que acabará definitivamente con ese lugar aún hermoso, aunque terriblemente abandonado. El ayuntamiento planea ampliar el edificio del Parlament, construir un gran aparcamiento para los diputados y trasladar los museos de los magníficos edificios, que también correrán peligro, aunque sorprendentemente, es lo único protegido del parque.
Si todo el país es arboricida, Barcelona es pionera en ese movimiento, al parecer dispuesta a acelerar el proceso de cambio climático, a agravar la sequía y la contaminación, a arrancar los únicos elementos que palian esa contaminación, formentar el cemento y el tráfico, etc.
Ramon Oliva , el mismo paisajista formado en Suiza que, dejando aparte la labor de Forestier en la antigua Plaza de Armas y la dirección de Fontseré, diseñó los jardines, creó un parque muy similar en Valladolid, el Parque del Campo Grande. Allí se conserva intacto, incluso con las rocas volcánicas rodeando el lago que en Barcelona sustituyeron por un peligroso y poco práctico cemento, no sólo con árboles mayores dado el clima más propicio, sino porque la Junta de Parques y Jardines hizo lo que aquí nunca se ha hecho: inventariar lo que había en el parque para poder protegerlo. Aquí no lo hicieron y así pueden irse cargando a su antojo árboles y lo que haga falta.
En Barcelona, en este momento, que yo sepa, hay cinco planes antiverdes y muy graves del ayuntamiento insostenible que nos gobierna: Destruir toda la arboleda central de la Diagonal para que pase un innecesario y peligroso tranvía; "trasplantar" (es decir, en la práctica matar, puesto que el índice de fracaso de esos trasplantes es del 75%) todos los almeces -los hermosos lledoners que sombrean y humanizan un lugar azotado por el tráfico- de la plaça Joaquim Folguera para prolongar la línea 9 del metro; talar las encinas centenarias de la ladera del Tibidabo, en Collserola, el pulmón verde de la ciudad, para hacer una montaña rusa; continuar las obras del Turó Parc que ya se han cargado ocho árboles centenarios, y sigue; y finalmente, acabar con el único gran parque de la ciudad, la Ciutadella.
¿Acaso no hay ninguna institución que nos ampare? Aún hay ciudadanos conscientes de que ese es nuestro patrimonio, y no estamos dispuestos a dejar que lo destruyan sin protestar ni batallar. Sabemos que recoger firmas es inútil. Las 35.000 firmas recogidas contra el plan de la tala gigante en Collserola no han servido para que Hereu detenga su arboricidio ni le conceda un momento de reflexión, pese a tener toda la oposición (insólitamente; aquí no tenemos ni un solo político verde, y los que se llaman verdes son los peores y se callan siempre en estos casos) en contra. ¿Cuántas firmas necesitaríamos para detenerlos? ¿Un millón?
El sistema democrático implica contar con instituciones que puedan corregir o detener los abusos previsibles del poder. Instrumentos correctivos en manos de la ciudadanía. Pero en este país, no parece haberlos. Mientras los partidos pugnan y rivalizan por ocupar el poder, ¿quién protege a los ciudadanos de esos abusos? Prácticamente nadie. Tampoco los ciudadanos parecen conocer sus derechos y el antiguo miedo de la dictadura ha sido sustituido o enmascarado por un nihilismo: "no hagas nada, no servirá de nada...", me dicen.
¿No tendrá el Col·legi d'Arquitectes nada que decir? ¿Ni SOS Monumentos detendrá la posible destrucción de los edificios de la Ciutadella, sedes de museos que ahora trasladan? ¿A quién recurrir si Parcs i Jardins es sólo el equipo ejecutor de las talas y los simulacros de trasplante? El proyecto de Collserola y el del Turó Park están ya haciendo estragos y los demás están aprobados. Naturalmente, la regidora de Sarrià-Sant Gervasi (semáforo verde en La Vanguardia y enemiga de todo espacio verde y de la conservación del azufaifo) es una defensora de la tala de Joaquim Folguera (¡y dos o tres años de obras!) para un metro que nadie ha pedido o que podría llegar a otra estación, como padua o Molina, que ya están abiertas por obras y ya han sufrido talas y/o trasplantes.
Por otra parte, el ayuntamiento permite que el terreno del azufaifo se haya convertido en un vertedero urbano, con ratas y basura acumulada peligrosamente (suerte de la lluvia de ayer). Es más, los obreros de las obras vecinas tienen las llaves para arrojar ahí sus desperdicios, pero nadie entra a limpiar. Ese es nuestro ayuntamiento "de izquierdas". ¿Y qué le dejan a la derecha?
Mi barrio está tan sucio que es difícil andar sin pisar basuras. Nadie viene a limpiar apenas. El ruido de las obras es ensordecedor. Vivimos en un estercolero. Los que se van unos días por ahí, a ciudades europeas, sufren un shock al volver. Aquí sólo hay basura, ruido y circo (ahora moteros). ¿Adónde habrá que irse?
Aparte de eso, una nueva mala noticia sobre la memoria histórica de este país. Ayer, en páginas internas, casi ocultas, en El País, la foto de una fuente recién inaugurada por un alcalde gallego con la cabeza de Franco escupiendo agua. En el mismo reportaje se anuncia que retiran (ahora!!!! desde 1975...) los nombres franquistas de algunos centros de enseñanza, pero la Xunta no puede evitar que las calles sigan llamándose Carrero Blanco, por ejemplo, porque eso es cosa del ayuntamiento. Lo escandaloso de todo esto, que sería impensable en Alemania o incluso en Chile, es que El País lo considere una noticia pequeña y de poca monta. Y es que, como dijo Anna Miñarro, la "izquierda" en este país sigue en la posición de víctima, sirviendo al amo.
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