jueves, octubre 23, 2008

Memoria histórica, legitimidad

Foto: ? Monumento a mi único antepasado ilustre con el que puedo identificarme, don Nicolás Salmerón, que dimitió de la presidencia por no firmar una pena de muerte.
Foto: ? Monumento a mi único antepasado ilustre con el que puedo identificarme, don Nicolás Salmerón, que dimitió de la presidencia por no firmar una pena de muerte.
En El País leo este atinado artículo de Jordi Gràcia sobre la iniciativa de Garzón, y me resulta un alivio tras leer en La Vanguardia un artículo completamente desatinado e inexplicable de Pilar Rahola, por no decir vergonzoso; parece mentira que ni siquiera la muerte de su antecesor Carles Rahola le haya servido para comprender que al margen del trabajo necesario de los historiadores, la Justicia tiene un deber simbólico con las víctimas y con el país entero, y que la impunidad y el olvido, la imposibilidad de enterrar a los propios muertos ni de recobrar su dignidad, la negación de la memoria y la renuncia a hacer justicia están en la raíz de los males de este país, en su ignorancia y en su mala salud mental. TRIBUNA: Franco, en los calabozos de la conciencia JORDI GRACIA 22/10/2008 La iniciativa de Garzón quizá no tenga porvenir jurídico, pero sí gran alcance simbólico El del crédito es un asunto tan inestable que parece que ahora las mismas empresas que lo disfrutaron han dejado de hacerlo de la noche a la mañana. Pero hay un tipo de confianza que siempre ha sido más difícil de ganar porque su territorio es difuso y casi imaginario; el valor de lo simbólico se sostiene no se sabe bien en qué pero opera de una manera decisiva, casi primordial. Y quizá el mérito mayor de la iniciativa del juez Garzón ahora, 70 años después de la Guerra Civil y 30 después de la muerte de Franco, estriba en su dimensión simbólica y no tanto en su capacidad operativa para hacer una justicia que ya no va a pagar nadie, porque los culpables están todos muertos y sus delitos presumiblemente prescritos. Lo recordaba una carta publicada en este periódico el pasado domingo, que concluía que es un derroche de tiempo y dinero de la justicia española el ocuparse en localizar y exhumar fósiles de acuerdo con la voluntad de sus descendientes. No le falta razón. Las aperturas de hoy parecen dejar en un segundo plano las exigencias de orden sentimental, ético o espiritual, aunque la demanda de los descendientes de los fusilados en las cunetas no va más allá, en casi todos los casos, de la restitución de la dignidad o la aspiración más rasa aún de saber dónde fue tirado el cadáver de un abuelo o de un tío. Sin embargo, mi conclusión ante el mismo razonamiento es la contraria. La dimensión que importa en este caso es simbólica y el objetivo último cumple con la lógica democrática: el contundente e irreprochable enjuiciamiento de una sublevación que rompió la baraja democrática y metió de bruces al país en una guerra civil que no existía antes del 17 de julio de 1936 a pesar de los disturbios, las violencias callejeras o los enfrentamientos armados. El valor simbólico de esa iniciativa está en sacar de la cabeza de cualquier incauto, de cualquier joven desinformado e impresionable, de cualquier heredero o descendiente de familias franquistas, la menor duda sobre la ilegitimidad de un alzamiento. Pero la causa de Garzón va más allá: imputa también un plan de exterminio que no se aborta o se detiene con el final de la guerra, sino que se extiende bárbara y metódicamente durante los muy largos y sangrientos años de la posguerra, no sólo con la impunidad del poder político militar sino con la complicidad de la judicatura y la Iglesia, para empezar y como mínimo. Tuvo que recordarlo Ridruejo en 1962 -y Ridruejo había sido uno de los sublevados de 1936-, así que sabía muy bien de qué hablaba cuando hablaba de una Iglesia de la Victoria que "olvidaría censurar los abusos de la violencia, la inmoralidad económica o el despojo de los derechos más comunes", además de haber actuado tras la guerra "sin resolución para intentar la mitigación de la violencia ni para cortar después la carrera de los abusos". Y eso que Ridruejo era entonces, y siguió siendo después, católico practicante, aunque intransigente con la Iglesia franquista. De la misma manera en que hemos vivido 15 años de transición sin que nadie diese un duro en público por la versión franquista de la guerra y de su propia dictadura, en los últimos lustros hemos vivido social y mediáticamente una rehabilitación indecorosa de esa versión. Carece del menor crédito político, intelectual o historiográfico y, sin embargo, ha sido difundida con denuedo en libros y radios y periódicos, y ha sido respaldada explícita o implícitamente por los sectores más irresponsables y reaccionarios del Partido Popular. El castigo electoral está siendo largo para el PP, pero quizá ahora convenía restituir el crédito íntegro para la versión democrática sobre la guerra y la dictadura. El juez Garzón ha entendido útil esa iniciativa, no para hacer juicios a la historia, ni para enmendar la plana a nadie, sino para fortalecer simbólicamente la asediada interpretación racional y más justa del origen de la guerra y el aplastamiento de la Victoria. Hoy, además, puede contar con una minuciosísima e irrefutable información sobre los campos de concentración, sobre los asesinatos programados, las persecuciones de civiles, las represalias privadas y los desmanes practicados en la primera década larga del régimen. Sólo tendrá valor simbólico pero es seguramente el que importa para que aquellos que vieron en la Segunda República la madre de todos los males entiendan con más ecuanimidad y justicia histórica qué pasó entonces y cómo fue la victoria de los sublevados. La fortaleza de la democracia no necesitaba esa iniciativa de Garzón. La necesitaba esa suerte de capital simbólico que es atreverse a respaldar de frente la verdad histórica cuando está en riesgo de descrédito. Y el mejor modo, en 2008, es que Franco vaya haciendo compañía en los calabozos de la conciencia a su admirador confeso Pinochet, y por una vía directa. Es decir, a través de su imputación como responsable de insubordinación política y militar contra el poder surgido de las elecciones de febrero de 1936. Los insolventes éticos e historiográficos tendrán así algo más estranguladas las líneas de crédito. Jordi Gracia es catedrático de Literatura Española de la UB.

4 comentarios:

frikosal dijo...

Yo al Sr. Garzón me parece verle un afán de notoriedad que, viniendo de un juez, me hace recelar. Dicho esto, la iniciativa me temo que era necesaria ante la tibieza del poder político.. por no mencionar la actitud de los otros, algunas de sus declaraciones son muy reveladoras. Por ejemplo, la de la Sra. Aguirre, que equipara a Franco con Napoleón, cuyo ejército invasor arrasó el país.

Yo personalmente cada vez estoy más desencantado de la política y este sentimiento, que es general, me parece preocupante: es terreno abonado para los monstruos.

Anónimo dijo...

Me gustaria saber tu opinión acerca de este enfoque que hace E.Juliana.
CUADERNO DE MADRID (Enric Juliana La Vanguardia octubre 2008
"On és l'Andreu Nin?"
Vuelve el justicialismo. Como ocurriera hace quince años, el populismo judicial regresa en perfecta coincidencia con una crisis económica. A principios de los noventa, la esclarecedora investigación sobre los GAL tuvo tres efectos: desveló un bochornoso crimen de Estado, dejó a salvo la guerra sucia contra ETA llevada a cabo por los gobiernos de UCD (es decir, blindó la figura de Adolfo Suárez) e inició el derribo de Felipe González. La estrella del proceso fue el juez Baltasar Garzón.

En la crisis del 2008, más grave y destructiva que la anterior, el justicialista Garzón llama a la puerta del Estado y exige esta vez la apertura de millares de tumbas de la Guerra Civil. La persecución sistemática del adversario sería elevada a la categoría de “crimen contra la humanidad”, con la consiguiente condena virtual del franquismo. Virtual en la medida que la dictadura quedó extinguida con la Constitución de 1978. Nada ni nadie le sobrevive, jurídicamente.

Visto desde Madrid, el espectáculo justicialista resulta interesante. Aplauden a Garzón quienes en los años noventa le acusaban de conspiración contra la izquierda, y le critican hasta el insulto quienes hace quince años le ensalzaban como nuevo Cid Campeador. Le acusan, sus actuales detractores, de perseguir un único y exhibicionista objetivo: aparecer en los noticiarios de todo el mundo junto a la la tumba abierta del poeta Federico García Lorca.

1936 fue ayer, sostiene el juez Garzón al afirmar que la calificación de crimen contra la humanidad desborda la ley de amnistía de 1977. La democracia ha dejado pasar un gravísimo delito, proclama el justicialismo. Estamos, por tanto, ante una profunda impugnación de toda la política llevada a cabo por la oposición a Franco desde que en 1956 el Partido Comunista de España lanzara su histórico manifiesto en favor de la reconciliación nacional.El justicialismo, por ejemplo, pone en entredicho a la Assemblea de Catalunya, cuyo lema era “Llibertat, amnistia i Estatut d´Autonomia”. Garzón cuestiona los fundamentos de 30 años de democracia, y algunos de los que estos días le aplauden parece que aún no se han dado cuenta.

Atención al siguiente detalle: los golpistas del 18 de julio están muertos, y el franquismo se halla jurídicamente extinguido, pero no ocurre lo mismo con la España republicana. Si 1936 fue ayer, existe margen para que un tribunal llame a declarar a Santiago Carrillo por el asesinato de entre 2.000 y 5.000 prisioneros franquistas en Paracuellos del Jarama, siendo él consejero de Orden Público de Madrid. El nonagenario Carrillo debería demostrar en sede judicial los argumentos de los historiadores que le exculpan de la matanza. De conseguirlo, José Luis Rodríguez Zapatero, en calidad de representante legal del PSOE, seguramente se vería obligado a pedir disculpas por un grave asesinato en masa cometido cuando España era gobernada por su partido (Gobierno Largo Caballero).

Si 1936 fue ayer, la liquidación sistemática de sacerdotes y religiosos podría ser calificada de genocidio (asesinato en masa por motivos religiosos, según el derecho internacional) con la pertinente condena judicial, a título póstumo, de la Segunda República.

Si 1936 fue ayer, que se vaya preparando la actual Generalitat, heredera legal de la Generalitat republicana, para hacer frente a las reclamaciones de los descendientes de las personas asesinadas arbitrariamente por las patrullas de control,dado que la administración presidida por Lluís Companys, con amplias competencias sobre orden público, no garantizó su seguridad.

Si 1936 fue ayer, la ministra Carme Chacón ya puede ir ordenando una investigación exhaustiva del subsuelo de de la brigada paracaidista de Alcalá de Henares, puesto que existen indicios de que allí se hallan los restos de Andreu Nin, comunista disidente secuestrado y asesinado por agentes de la policía secreta soviética en 1937. Quedaría muy feo que el foco de Garzón sólo iluminase la tumba de García Lorca.

Crisis económica y justicialismo. La izquierda que ahora aplaude sufrirá.

zbelnu dijo...

LO que me parece erróneo es personalizar. A mí los motivos de Garzón no me interesan tanto en este caso como la gente que hay detrás, las asociaciones de víctimas, de vencidos, de familiares de desaparecidos , ajusticiados y enterrados en cunetas, zanjas y fosas, los que tienen derecho a enterrar a sus muertos y el derecho de este país a que la justicia señale a los culpables, el derecho a lo simbólico. Me parece un error enfocar contra Garzón, como si fuera sólo cosa suya, cuando él está vehiculando algo más importante. Así que en este caso no discutiría su trayectoria, sino que apoyaría y apoyo las exhumaciones y toda la información, los procesos necesarios para que este país recobre memoria y salud y no siga ese sometimiento histórico...

zbelnu dijo...

Y la verdad es que no entiendo la posición de E. Juliana, y me parece un error, pero en fin, allá él y allá pilar rahola.